El medioambiente en clave política
Dinama. El rol del gobierno en proyectos sobre los cuales políticos y activistas cruzan acusaciones
La fiesta privada organizada en el balneario Buenos Aires, que provocó reproches entre representantes del Poder Ejecutivo y la Intendencia de Maldonado en manos del blanco Enrique Antía, no es el primer asunto vinculado con el medio ambiente que debe encarar la izquierda desde que dirige los destinos del país.
Los asuntos ambientales forman parte de las agendas emergentes en los últimos años en distintos países del mundo y permeraron a la izquierda uruguaya en el gobierno nacional casi desde el arranque en 2005.
La pastera UPM (ex Botnia) construida en Fray Bentos, el proyecto de megaminería a cielo abierto impulsado por el Frente Amplio que quedó por el camino, el puente construido sobre la Laguna Garzón, y los relegados puerto de aguas profundas en Rocha y regasificadora en Puntas de Sayago, fueron iniciativas que recibieron todo tipo de cuestionamientos.
Eran proyectos de una magnitud mayor y con muchos más millones de dólares en juego de los que estuvieron en danza en el evento playero de Punta del Este
En aquellas oportunidades, el oficialismo quedó más de una vez enfrentado a ambientalistas y recibió críticas de la oposición de turno por buscar avanzar en esos proyectos, una situación similar a la que ahora enfrenta Antía en Maldonado.
En el caso de la minería, la Dinama también se mostró reticente. Ese proyecto tenía apoyo del 61% de la opinión pública y solo 20% en contra, según una encuesta de Cifra entre habitantes de todo el país realizada en 2012. Otra encuesta, pero de equipos Mori, reveló ese mismo año que el 68% de la población estaba a favor del puerto de aguas profundas.
“A veces el gobierno queda enredado en el medio de los grupos ambientalistas o de grupos particulares que utilizan grupos ambientalistas para cuestionar algunas políticas”, dijo en 2012 el por entonces asesor del expresidente José Mujica, Pedro Buonomo.
En el caso de la fiesta en el balneario Buenos Aires, la Dinama argumentó que los organizadores no tenían permisos ambientales. Además aseguran que la instalación del mobiliario para el evento dañó el terreno debido a la destrucción de los pastos que retienen la duna y profundizó las sendas que se agudizan con los vientos.
Por tanto, la Dinama multó con US$ 59 mil a la compañía encargada del evento Corona Sunsets por considerar que hubo daños en el ecosistema.
“La infracción es muy grave”, dijo el subsecretario del Ministerio de Vivienda, Jorge Rucks.
Un país se embanderó detrás de la pastera Botnia
La instalación de la pastera Botnia y el comienzo de sus operaciones en 2007 embanderó a todo el espectro político uruguayo en la causa que enfrentó al primer gobierno de Tabaré Vázquez con el del fallecido presidente argentino, Néstor Kirchner, y los asambleístas de Gualeguaychú. Los activistas protestaron argumentando que la planta contaminaba y cortaron los puentes binacionales sobre el litoral entre 2007 y 2011. El corte fue levantado por las gestiones del sucesor de Vázquez, José Mujica, con la por entonces mandataria argentina, Cristina Fernández de Kirchner. El tema llegó a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. El organismo resolvió que Uruguay incumplió su obligación de consultar a Argentina pero advirtió que no se podía comprobar que el aumento del nivel de contaminación del agua del Río Uruguay sea consecuencia de la pastera. Recién en 2016 los dos gobiernos publicaron un informe conjunto.
Extracción de hierro a cielo abierto
Tras varias idas y vueltas que comenzaron en el año 2011, el Poder Ejecutivo descartó en noviembre de 2015 firmar un contrato con la empresa de origen indio Aratirí, una compañía que promovía la extracción de hierro a cielo abierto en la zona de Valentines, localidad ubicada en el límite entre Treinta y Tres y Florida.
En 2013 los diputados aprobaron con 52 votos entre 82 legisladores presentes en sala la ley de Minería de Gran Porte con apoyo del Frente Amplio, del Partido Independiente y del diputado blanco Gustavo Borsari.
Aunque el gobierno intentó salvar el proyecto hasta último momento, finalmente el plazo para acordar el inicio de la extracción venció el 24 de noviembre de 2015.
La iniciativa minera había recibido todo tipo de cuestionamientos de ambientalistas, expertos en temas ecológicos y nunca recibió habilitación de la Dinama.
El puente de la laguna Garzón
El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente aprobó en enero de 2013 la construcción de un puente sobre la Laguna Garzón tras pedir que la zona sea declarada “área protegida”.
En diciembre del año 2012 un grupo de vecinos del lugar enfrentó al gobierno en una reunión para manifestar su rechazo a la iniciativa. El Poder Ejecutivo aseguró en su momento que se garantizaba la protección de los ecosistemas de la laguna.
El proyecto fue criticado por la alteración en el medio ambiente y el paisaje de la zona.
Los detractores de la obra señalaban que el ecosistema de la Laguna Garzón se vería afectado con la construcción de un puente por el que en su momento se estimó que circularían unos 1.000 vehículos por día, según publicó El Observador el 22 de diciembre de 2015, día de la inauguración de la obra.
La regasificadora aprobada en tiempo récord
La Dirección Nacional de Medio Ambiente nunca habilitó un proyecto de categoría C (de impacto ambiental importante) tan rápido como el permiso que dio para la instalación de una regasificadora frente a Puntas de Sayago. El Observador consignó en su edición del 25 de octubre de 2013 que entre la audiencia pública previa a la Autorización Ambiental Previa y el informe presentado el 22 de octubre al ministro de Vivienda de la época, Francisco Beltrame, pasaron ocho días.
La audiencia pública es una instancia obligatoria en donde el gobierno informa a actores sociales y vecinos sobre la obra y se les ofrece realizar objeciones y descargos.
El gobierno necesitaba que la autorización ambiental ocurriera antes del 30 de octubre de ese año para evitar posibles multas a GNL-Montevideo, empresa que firmó el contrato con Gas Sayago para llevar adelante la obra.
Derrame de gasoil en el río Uruguay
El 2 de octubre de 2015 hubo un derrame de 265 mil litros de combustible sobre el río Uruguay del cual la petrolera estatal ANCAP recién informó meses después.
La ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma), Eneida De León, informó que este hecho no tuvo implicancias medioambientales graves y aseguró que ANCAP y la Prefectura Naval cumplieron con el proceso previsto.
“El hecho de que se haya desatado una tormenta con vientos fue un factor incontrolable para el ser humano. La Dinama examinará todos los informes recibidos, y si llegara a detectar alguna omisión de los protocolos establecidos podría llegar a aplicar sanciones”, añadió la jerarca.
De León insistió en que tras el incidente se aplicaron barreras absorbentes y se cumplió con el protocolo previsto.