Para atraer inversores
Nadie puede estar en contra de las zonas francas. Pero tampoco es posible aceptar que cada emprendimiento industrial relativamente importante proveniente del exterior se instale bajo la condición de que el Uruguay le otorgue ese régimen de beneficios fiscales.
La idea llevada adelante en los años 80 por los blancos era muy buena. En un país que por aquel entonces concentraba más de la mitad de la población en Montevideo y todas sus grandes industrias en la capital, establecer en distintas regiones regímenes de zona franca iba a permitir ubicar polos industriales que beneficiarían un desarrollo armónico de todo el territorio nacional. Por lo demás, no se trataba de algo muy novedoso como plan de desarrollo: las zonas francas de Manaos en Brasil y de Tierra del Fuego en Argentina, por ejemplo, respondían a esa misma lógica de ocupación y desarrollo económico-territorial.
En todas estas décadas las cosas fueron cambiando. Primero, porque la zona franca de Montevideo, Zonamérica, terminó ocupando un lugar relevante en el cuadro general de zonas francas. Ello contrariaba aquella lógica descentralizadora propulsada desde el Partido Nacional, pero se explicaba muy bien por las ventajas competitivas de Zonamérica y la capacidad de su creador. Y segundo, porque el auge agro exportador de esta última década fue una palanca fenomenal de crecimiento para los distintos departamentos del Interior. Se apoyaron sí algunos de ellos en sus zonas francas, para multiplicar ese crecimiento. Pero el gran responsable del cambio de rostro de todo el Interior fue sin duda la vieja y querida producción agropecuaria.
Sin embargo, el gran cambio con respecto a las zonas francas llegó por parte de la izquierda. No por el Frente Amplio opositor, el que hasta 2005 estuvo contra todo, al punto incluso de oponerse a la inversión finlandesa en Río Negro. Sino por la izquierda que al llegar al gobierno utilizó este mecanismo de zona franca cambiándole totalmente su sentido inicial de desarrollo territorial ventajoso.
En efecto, el Frente Amplio fijó dos zonas francas en Montevideo mismo. Es decir que en dos edificios, en Pocitos y en Aguada, que forman parte del departamento más rico del país, la izquierda exoneró de todo tributo nacional - renta empresarial, Impuesto al Patrimonio, IVA, Imesi, etc. a quien quisiera instalarse allí. Pero hay más: cambiando radicalmente su posición con respecto a la inversión extranjera, que antes era considerada como imperialista, el Frente Amplio en el poder pasó a ofrecer este régimen de exoneraciones fiscales, a todo gran emprendimiento industrial extranjero que amagara con querer llegar a nuestras costas.
"Véngase que en Uruguay no paga un solo impuesto", parece ser la consigna del gobierno a cualquiera que en el exterior esté pensando en invertir fuera de su país. Entonces, el gran capital internacional sobre todo europeo hizo su inversión industrial en Colonia y obtuvo su zona franca de Punta Pereira. En su momento, cuando parecía que se instalaba Aratirí, el oficialismo gustoso pensaba concederle una zona franca. Ahora que parece que puede llegar una tercera planta de celulosa en torno al Río Negro cercano a ruta 5, se plantea que evidentemente tendrá un régimen de zona franca. Incluso, trascendió recientemente que a raíz del viaje de la comitiva presidencial a China, una de las posibilidades de inversión de ese país podría concretarse en el este y estaría vinculada a la pesca, siempre que se otorgue allí una zona franca.
Hay un proyecto de ley que pretende cambiar este régimen de exoneraciones. Pero el problema no es el instrumento legal que nos demos, porque el que está vigente es notorio que funciona. El problema es anterior, más grave, y esencialmente político: ¿qué país queremos desarrollar con relación a la inversión extranjera?
Porque el modelo del Frente Amplio es el viejo esquema de las repúblicas bananeras de la América Latina del siglo XX: que el gran capital internacional venga y elija dónde instalarse y qué hacer, que no pague un solo impuesto como el resto de los empresarios que sí trabajan en el Uruguay, y que se lleve la ganancia al exterior sin contribuir al erario público vía impuestos a como todo el mundo. Y además, todos contentos y aplaudiendo porque logramos que se instalaran aquí.
Las zonas francas son necesarias. Pero que el gobierno exonere de tributos a todo gran emprendimiento de capitales extranjeros es discutible. Porque nuestro modelo de país no puede ser el de una república bananera.