Se acerca un capítulo decisivo en la ya larga saga del conflicto entre Uruguay y Argentina por la instalación de Botnia. Es que, desde el lunes 14, los 15 jueces del Tribunal de La Haya escucharán los alegatos finales de las partes para luego dar a conocer su veredicto, previsto en principio para los primeros días de octubre. Ya se han dado a conocer algunos pronósticos en el campo del gobierno, favorables a la posición uruguaya. Lo que parece más prudente es vaticinar que la sentencia de La Haya puede allanar el camino, pero que en cualquier paso hará falta que ambos vecinos encaren una nueva instancia de negociación. Para la que Uruguay tiene que estar preparado.
Los quince adustos jueces, vestidos con togas y pelucas empolvadas que subrayan su distancia con el resto de los mortales, comenzarán a oír el 14 de setiembre los alegatos finales de Uruguay y Argentina en el diferendo por la instalación de una planta de celulosa en territorio nacional. El escenario será la sede en La Haya del Tribunal Internacional de Justicia que, completada esta instancia en los primeros días de octubre, podrá finalmente pronunciar un veredicto que ambos países esperan desde hace algo más de dos años.

Este hecho alienta la esperanza, al menos de este lado del Plata, de que la decisión contribuya a terminar con un conflicto que nunca debió haber existido. Y que le ha provocado, a través del ilegal bloqueo de un puente binacional, graves perjuicios económicos a Uruguay. Además de generar, en toda la población nacional, una angustiosa sensación de impotencia ante un acto injusto e ilegal que fue tolerado y hasta apoyado por el gobierno del vecino país.

En realidad, parece aventurado confiar en que el veredicto de La Haya cierre sin más el conflicto binacional. Puede, sin embargo, ser un aporte sustancial para reencauzar el diálogo entre ambos países. La demanda presentada por Argentina versa sobre la presunta irregularidad de las autorizaciones brindadas a Botnia por el gobierno nacional, a la luz del vigente Tratado del Río Uruguay. La tesis argentina es que Uruguay no siguió los pasos formales para informar a Argentina y recabar su conformidad con la instalación de la planta en la margen izquierda del Río.

En esta materia Uruguay ha ofrecido al Tribunal algunos elementos de juicio muy contundentes, como el reconocimiento en el balance anual -publicado en la página del Palacio San Martín en Internet- de la Cancillería argentina de que se había resuelto el tema planteado con Uruguay por la construcción de la planta. No obstante, el presumible apego de estos magistrados a todos los aspectos formales del proceso puede resultar en que Uruguay reciba alguna “palmadita” del encumbrado Tribunal, según alguno de los pronósticos que sobre el tema se han divulgado esta semana.

Cierto es que, centrándose el proceso en el cumplimiento o incumplimiento de los extremos del Tratado del Río Uruguay, dos temas subyacen a todo el proceso y debieran también iluminar el veredicto del Tribunal. Uno de ellos es el nulo impacto ambiental negativo que se ha comprobado tras ya dos años de funcionamiento de la planta. Toda la alarma y las quejas argentinas se basan en la falsa creencia de que la planta es una amenaza mortal de contaminación. Ahora se ha comprobado que no es así de acuerdo a todos los estudios técnicos realizados. Y los únicos que persisten tozudamente en sostener que Botnia es perjudicial para el medio ambiente son los activistas de Gualeguaychú, que lo hacen sin ningún fundamento científico serio.

El otro tema es el de los cortes de ruta tolerados por el gobierno argentino que se han registrado en los últimos años, y en especial el piquete permanente que cerró por años el tránsito por el puente a la altura de Fray Bentos.
En su momento Uruguay pidió una sentencia interlocutoria sobre la ilegalidad del corte y no tuvo éxito, en tanto a juicio del Tribunal estos cortes no habían impedido que prosiguiera la construcción de la fábrica, que era el tema sobre el que había sido convocado a fallar. No obstante, cualquier mirada jurídica no puede menos que reconocer la ilegalidad del corte y de la omisión del gobierno argentino en cuanto a impedirlo.

Ese es el panorama que se presenta en el juicio internacional, cuyo desenlace ha sido objeto de algunos pronósticos de figuras del gobierno en los últimos días. El canciller saliente, Gonzalo Fernández, al dejar su cargo y asumir el Ministerio de Defensa, se manifestó claramente optimista sobre el respaldo a la posición uruguaya. Con la única reserva de la “palmadita”, según se señalaba líneas arriba.


En vísperas ya de un fallo definitivo, lo que no parece probable es que el Tribunal Internacional lo resuelva todo. Seguramente habrá que negociar, con el ánimo de que este triste episodio se olvide como un mero accidente en una historia larga de amistad y respeto entre ambos países.

Diario ULTIMAS NOTICIAS - Montevideo - URUGUAY - 5 setiembre 2009