El fiscal civil Enrique Viana perdió más de una decena de demandas que inició contra el Ministerio de Vivienda
El fiscal civil de tercer turno, Enrique Viana, inició en los últimos años más de una decena de juicios al Ministerio de Vivienda por supuestas omisiones al control del medioambiente y perdió en todos los casos, según un relevamiento elaborado por esa cartera al que accedió Búsqueda.
Alguna de esas demandas fueron acogidas por jueces de primera instancia, pero luego revocadas por los Tribunales de Apelaciones. Incluso hubo casos que llegaron a casación pero la Suprema Corte de Justicia las terminó rechazando.
Viana es uno de los fiscales más activos en demandas contra el Estado por diversos asuntos, especialmente por temas vinculados al medioambiente, lo que le ha valido en círculos jurídicos el apodo de "fiscal verde". A su vez, el Ministerio de Educación y Cultura le inició un sumario años atrás porque dijo que los jueces en Uruguay no condenan al Estado por omisiones en temas ambientales porque sufren el "efecto Botnia".
Consultado por Búsqueda, Viana dijo que le causa "gracia" que "sé Heve un registro" de sus actuaciones. "Lo que se festeja como triunfos en realidad son pérdidas para el medioambiente", afirmó.
"Más allá del resultado yo actúo por deber, estoy obligado a actuar más que nada por un tema de coherencia. Obviamente que lo que uno aspira es que en algún momento se produzca un quiebre en la jurisprudencia", agregó.
"11 casos". De acuerdo con el relevamiento realizado por el Ministerio de Vivienda, desde 2002 a la fecha Viana perdió 11 demandas que inició contra esa cartera, mientras que otras cinco se encuentran aún en trámite.
Uno de los casos de mayor exposición pública está relacionado con la contaminación por plombemia en algunas zonas de la capital. En esa ocasión, Viana demandó al Ministerio de Vivienda y a la Intendencia de Montevideo y solicitó a la Justicia que condenara a ambos a que "trasladen y suministren viviendas a las personas afectadas por la contaminación" y "procedan a aplicar el método de remediación de los suelos contaminados".
En ese caso el juez civil José Lobelcho amparó la demanda de Viana pero el Tribunal de Apelaciones Civil de tercer turno revocó la condena. El tema llegó a casación, y la Corte, con la actual integración, exoneró por completo a los demandados.
Pero no solo la Justicia Civil fue el ámbito en el que se dirimieron estas cuestiones. Viana presentó demandas ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En una ocasión solicitó que se anulara la resolución ministerial que otorgó la autorización ambiental a una represa de riego en Artigas. El TCA por unanimidad desestimó el planteo.
Los escritos presentados por Viana apuntaron también al control que el Ministerio de Vivienda debe ejercer sobre las empresas privadas. Así, el representante del Ministerio Público pretendió que se responsabilizara a la cartera por la presunta contaminación ambiental de la empresa Dirox de San José.
Tanto en primera como en segunda instancia se desestimó totalmente la demanda.
Pero Viana accionó por presuntos daños ambientales cometidos y por aquellos que puedan perpetrarse a futuro. Ese fue el caso de la demanda contra el Ministerio de Vivienda y la empresa Ence por la construcción de una fábrica de pasta de celulosa. La Justicia archivó el expediente porque la demanda se quedó sin objeto al anunciar la empresa española que no iba a concretar el emprendimientoen Uruguay.
Él fiscal demandó al Ministerio de Vivienda y al de Industria por la contaminación ambiental derivada de la extracción de arena en la zona de Punta de Santiago. Esa demanda fue rechazada tanto en primera como en segunda instancia.
"Inadmisible". Viana también perdió una acción en la que pretendió declarar de "uso público" las costas de Colonia durante la construcción del Hotel Sheraton en Colonia del Sacramento. En este caso el recurso llegó hasta la SCJ, que lo declaró "inadmisible" por razones formales.
El fiscal demandó a la cartera de Vivienday a OSE por el presunto incumplimiento de la reforma constitucional que obligó a estatizar los servicios de agua potable. Viana solicitó el cese de la explotación de este tipo de servicios por parte de empresas privadas. Esa pretensión fue rechazada tanto en primera como en segunda instancia.
Viana intentó que se prohibiera la ejecución de una obra autorizada por el Ministerio de Vivienda en el balneario José Ignacio porque, denunció, generaba presuntos daños al medioambiente. Esa demanda llegó a casación, pero la corporación lo rechazó por cuestiones formales. Por el mismo motivo, la Corte desestimó la pretensión de Viana de evitar la degradación de la Laguna del Diario en Maldonado.
"En trámite". Además de estos 11 casos ya cerrados, el fiscal mantiene en trámite cinco juicios contra el Ministerio de Vivienda.
El más notorio de ellos es lademanda que involucra al Ministerio de Vivienda y a la empresa de pasta de celulosa UPM. En este caso Viana promovió la inconstitucionalidad de la ley que ratificó el Tratado de Inversiones entre Finlandia y Uruguay, lo que fue desestimado por la SCJ.
Otra acción judicial ?que involucra tanto a los Ministerios de Industria como de Ganadería y a la Intendencia de Montevideo? buscó impedir los cultivos transgénicos en la capital. Existe una sentencia interlocutoria de la jueza Dora Szafir disponiendo la necesidad de "no innovar" en la materia que fue revocada por el Tribunal de Apelaciones Civil de quinto turno, pero aún no hay resolución sobre el fondo del tema.
En idéntica situación está el juicio promovido por Viana respecto a la presunta contaminación ambiental por cabalgatas en los balnearios Bello Horizonte y Guazuvirá Nuevo.
El Ministerio de Vivienda apeló la medida de "no innovar" dictada por un juzgado civil en la demanda del fiscal Viana por el presunto daño ambiental que generará la construcción de una colonia de vacaciones gremial en el balneario Jaureguiberry.
A su vez, se encuentra en trámite una acción para la "protección del orden público constitucional" que inició Viana contra el Poder Ejecutivo y la empresa Montes del Plata por el contrato suscrito entre ambas partes.
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Semanario BÚSQUEDA - Montevideo - URUGUAY - 02 febrero 2012