Por Julio María Sanguinetti
Julio María Sanguinetti fue presidente del Uruguay en dos períodos, 1985-1990 y 1995-2000
Los Presidentes se reunieron en Anchorena, y volvió a flotar, como un recurrente fantasma, el tema del corte del puente entre Fray Bentos y Puerto Unzué.
El nuevo gobierno uruguayo cambió la estrategia diplomática del anterior. Pese a que el presidente Mujica es del mismo partido que el Dr. Vázquez, el estilo y los pasos han cambiado.

El Dr. Vázquez se negó a toda conversación mientras el puente estuviera cortado e, incluso, vetó la posibilidad de que el ex presidente Kirchner fuera secretario general de esa tan discutida Unasur. Su sucesor, en cambio, ha apostado, según su expresa opinión, a la “buena fe” y, reiteradamente, viajó a la Argentina y votó al Dr. Kirchner para aquella posición, sin contrapartida a la vista.

Esos gestos le han valido críticas internas. No tanto del liderazgo político, que comprende que el presidente Mujica procure un cambio de ritmo, pero sí de la opinión pública uruguaya y de su periodismo, que expresan el agravio nacional por la intransigencia de un grupo fundamentalista de Gualeguaychú, a quien nadie detiene en su accionar.

Algo se ha reconocido en la última reunión. La presidente argentina acepta que el corte del puente es algo “ilegítimo”, aunque duda de que pueda sancionarse esa ilegitimidad, por no existir una expresa prohibición. No es así. La ilegitimidad es la consecuencia de que cualquier habitante del país tiene el derecho de “entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino” (art. 14 de la Constitución argentina, análogo al 37 de la Constitución uruguaya).

 Todo país democrático reconoce esa libertad de tránsito, y es deber del Estado protegerla en su ejercicio, salvo razones de orden público muy poderosas que la limiten. Todo habitante de nuestros países puede andar por la calle libremente y si alguien, porque no desea que pase por la puerta de su casa, pretende impedirlo, la Policía deberá proteger el derecho del primero. Es algo muy elemental, pero no es ocioso recordarlo.

Desgraciadamente, la Presidente agrega, a renglón seguido, que no está en su ADN “reprimir”, o sea que no está dispuesta a hacer nada y que el tema es de la Justicia. Ante todo, digamos que la cuestión no es el de la Justicia, sino de la Administración. Es un asunto meramente policial proteger a las personas en el ejercicio de sus libertades fundamentales. Por si ello no bastara, con todo, ya hay pronunciamientos judiciales bien claros, del Tribunal del Mercosur y de la propia Justicia de Gualeguaychú, que así lo dispuso hace un par de años a solicitud de un ciudadano argentino.

En sesenta días, se prepararán normas para organizar el monitoreo del río. Está muy bien que así se haga, y ello ocurrirá, como es natural, para el cuidado de ambas márgenes. Pero con monitoreo o sin él, la libertad de tránsito deberá preservarse. Más tarde o más temprano tendrá que ocurrir. Y no puede esperarse a la unanimidad porque es notorio que un núcleo fundamentalista jamás aceptará nada que no sea el traslado de la ex Botnia, cosa ya descartada por el Tribunal de La Haya. O sea que, en algún momento, el gobierno argentino deberá intervenir. No para “reprimir”, pero sí para asegurar que quienes deseen cruzar un puente internacional puedan hacerlo.

Adentro del territorio argentino, su Gobierno es libre de equivocarse. Pero en un puente común, sobre un río común, está obligado a respetar otros códigos. Seguir aplazando su solución, sólo será mantener vivo un conflicto absurdo que, de verdad, no convoca a nuestros pueblos y ha envenenado inútilmente el diálogo imprescindible entre los gobiernos de Uruguay y Argentina.
Felizmente, las sociedades no han reconocido fracturas, y unos y otros, argentinos y uruguayos, no han dejado de cruzar los ríos en el ejercicio de una convivencia que no padece fisuras.

INFOBAE.com - Buenos Aires - ARGENTINA - 8 junio 2010