La biodiversidad se enfrenta a la rigidez institucional

Costa Rica representa cerca del 5 % de la biodiversidad conocida en el mundo, esto sitúa al país como una región con una alta variedad natural. Según el Estado del Ambiente del año anterior, elaborado por el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), en el territorio nacional se contabilizan más de 94 753 especies entre flora y fauna, muchas de ellas en peligro latente de desaparecer.

De acuerdo con la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), de las 3 812 especies de plantas y animales amenazados a nivel mundial, que habitan en los rincones naturales costarricenses, un 8,6 % está en las categorías de peligro crítico, en peligro o vulnerable.

Este inventario es un indicador de la salud de la biodiversidad del planeta.

Según el informe del Minae, la pérdida de hábitat, la sobreexplotación, el cambio climático, la contaminación y las especies exóticas invasoras son las principales amenazas a la variedad de vida en el país. A estas causas se añaden eventos como atropellos, la caza ilegal y el desconocimiento por parte de las personas en cuanto a especies de fauna terrestre.

La danta o tapir (Tapirus bairdii) es una de las víctimas de esas acciones del ser humano, este mamífero ha visto reducida su población en los últimos años.

De acuerdo con los expertos, Costa Rica cuenta con amplia normativa para proteger el ambiente, sin embargo, debilidades como una estructura institucional fragmentada y un deficiente trabajo preventivo dificultan la plena conservación del ambiente.

El Vigésimo Informe del Estado de la Nación afirma que el país tiene leyes suficientes y también instituciones designadas para resguardar la biodiversidad nacional.

La sobreexplotación de los recursos marinos y las trabas gubernamentales afectan a las poblaciones de tiburones en el país. (Foto: Mario Espinoza)

No obstante, el estudio halló que “existen notables debilidades para la prevención y la evaluación adecuada de los efectos de las actividades humanas, así como en la capacidad de fiscalización y tutela”, cita el documento.

El abogado e investigador principal en derecho de la biodiversidad del Centro de Derecho Internacional del Desarrollo Sostenible, Jorge Cabrera, concuerda con este criterio y aseveró que gran parte de las deficiencias se dan en el tema operativo, “no es tanto del marco legal, sino al aplicar este”.

“Por lo menos en lo que corresponde al Sinac (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) hay una gran dificultad en el tema de prevención, control y protección, tanto por aspectos relacionados con recursos humanos, con equipamiento, con disponibilidad financiera, como con la ausencia real de planes comprensivos de control y prevención”, explicó el abogado.

Además de esto, la fragmentada labor de las instituciones es una de las principales debilidades en el trabajo de conservar al medioambiente, ya que en el proceso participan diversos actores como el Sinac, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) o el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), dependiendo de la especie de la que se trate.

Así, por ejemplo, el gobierno saliente designó, mediante decreto, al Incopesca como ente responsable de las decisiones relacionadas con las exportaciones de especies de interés pesquero, como el tiburón martillo, animal que se añadió al marco de protección de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (CITES, siglas en inglés) y que ha visto reducida su comunidad por la pesca y exportación de sus aletas.

Otra de las observaciones que realizó el especialista fue el que se haya eliminado el acto de “acosar” en la Ley de Vida Silvestre.

“En la nueva legislación, al dejar por fuera el concepto de ‘acosar’ y mantener, solo, ‘cazar’, se reducen realmente las posibilidades de éxito de muchas denuncias ambientales, ya que el acoso era más sencillo de probar (...) es muy difícil demostrar cualquiera de las otras circunstancias que requiere el delito de caza. Ahí se debilitó mucho la protección penal”, indicó Cabrera.

Con respecto a este panorama en particular, durante la actividad: “Retos y perspectivas de protección de especies en peligro de extinción”, realizada en la Universidad de Costa Rica (UCR), el fiscal ambiental José Pablo González expuso que “antes el verbo cazar decía acosar, capturar o matar animales y habíamos creado jurisprudencia con la cantidad de condenas donde era por acoso que nos permitía actuar desde el derecho penal, antes de que el animal fuese matado o cazado”.

González, además, aseguró que existe un “divorcio” entre los diferentes tipos de recursos que existen en el país: “vean el tratamiento diferente de áreas silvestres terrestres con las marinas, estamos con visiones separadas, sesgadas”, dijo.

Por su parte, la viceministra de Aguas y Mares, Haydée Rodríguez, explicó que “en el reglamento de la Ley de Conservación de Vida Silvestre no hay nada relacionado con el manejo y conservación de especies de interés pesquero o acuícola, porque se ha dicho que el tema vinculado con el interés pesquero le corresponde ser regulado por Incopesca”.

Aunque en un principio la rectoría le correspondía al Minae, después del cambio de algunos decretos, las especies marinas pasaron a manos del Incopesca, ente que ahora se encarga de otorgar los dictámenes de extracción no perjudiciales (DENP). “El problema es que en ninguna parte existe una definición de qué es interés pesquero, entonces para Incopesca ha sido todo aquello que se mueve”, añadió Rodríguez.

Según la viceministra, el Minae está revisando la lista de especies marinas y costeras en peligro de extinguirse “para ver como enfatizamos el hecho de que sigue siendo vida silvestre susceptible de resguardo por parte del ente rector, en este caso el Minae. Además, hemos hecho la consulta a la Procuraduría General de la República para determinar esos parámetros que hicieron la división entre especies de interés pesquero y vida silvestre”.

Aunque el país cuenta con una base firme en el tema de conservación ambiental, “las gestiones tan solo alcanzan para reaccionar ante daños ya ocurridos”, tal y como expresa el informe del Estado de la Nación 2017.

Por esto, los expertos aseguran que el trabajo para educar y sensibilizar es vital en las comunidades del país, y coinciden en la urgencia de fortalecer las instituciones que deben velar por el cuido de la biodiversidad costarricense.

Aunado a esto, en criterio de Cabrera, el país se encuentra frente a la oportunidad de utilizar otros instrumentos, además del sancionatorio, para proteger el medio ambiente.

“Tenemos normativamente establecida la necesidad de generar incentivos para el manejo de la biodiversidad, pero muchas de estas disposiciones se han quedado en letra muerta por falta de aplicación y reglamentación”, subrayó el abogado.

En cuanto a los incentivos por buenas prácticas en el uso de la vida silvestre, Cabrera ejemplifica que podrían ser tanto económicos como de reconocimiento público.

Por ahora, mientras los biólogos y ambientalistas buscan avanzar con los trabajos de conservación, muchos de los planes de trabajo se atascan en el cuello de botella institucional. (Fuente: UCR/DICYT)

NCYT . ESPAÑA - 17 setiembre 2018