Escribe Edison Lanza
El acuerdo que rubricaron ayer miércoles en Olivos los presidentes José Mujica de Uruguay y Cristina Fernández de Argentina es histórico, porque pone fin al más grave diferendo entre los vecinos del Plata en 60 años, pero el gobierno uruguayo entiende que su contenido no puede considerarse como innovador ni que afecte la soberanía de ninguno de los dos países, confió a Búsqueda una alta fuente del Ejecutivo uruguayo.
Luego de dos semanas de negociación durante las que surgieron diferencias, tensiones y hasta reproches entre los equipos que encabezaron los cancilleres Luis Almagro y Héctor Timerman, encomendados para negociar la fórmula con el objetivo de reglamentar el monitoreo del río Uruguay y de la planta de celulosa de Botnia-UPM en Fray Bentos, los mandatarios de ambos

países jugaron un papel clave para cerrar un acuerdo a escasos tres días de vencer el plazo que ambos se habían fijado para lograrlo.

Mujica decidió jugar una última carta, fiel a su estilo negociador a ultranza, ante la evidencia de que las conversaciones a nivel de las cancillerías estaban a punto de fracasar. "No fue un acuerdo histórico, fue de historieta", bromeó al llegar a Montevideo.

Trancazo. Las posiciones se habían estancado en dos extremos: Uruguay proponía la creación de un comité científico de tres miembros (uno por cada país y un tercero neutral), que sólo pudiera ingresar a UPM ante la evidencia de que los controles de la Comisión Administradora del Río Uruguay no eran suficientes para prevenir una situación de contaminación. La delegación encabezada por Timerman, en cambio, proponía acceso irrestricto de un equipo de científicos de ambos países a la planta, en base a una lectura subjetiva del fallo de la Corte Internacional de La Haya.

El martes 28 Mujica decidió intervenir cuando la negociación parecía desbarrancarse. Por eso telefoneó a la presidenta argentina para pactar una reunión urgente al día siguiente. Jugó a todo o nada en un momento complicado de su gestión -en medio de un intercambio de reproches con el ex presidente Tabaré Vázquez por cambios en la política antitabaco-, y pese a que la oposición ya comenzaba a advertir sobre su miedo de que el presidente cediera a la presión argentina.

En las dos semanas previas al encuentro las cancillerías de Uruguay y Argentina habían mantenido varias reuniones -algunas públicas y otras reservadas- para cerrar un acuerdo y llevarlo para el refrendo de los presidentes, pero al comienzo de esta semana se encontraban bastante lejos de lograrlo.

De hecho, los cuadros intermedios de ambos gobiernos discutieron y levantaron temperatura durante las reuniones que mantuvieron para llegar a un acuerdo. Además de los cancilleres, por Uruguay negociaron el jefe de gabinete Francisco Bustillo (ex embajador en Buenos Aires durante la parte más dura del conflicto), el embajador ad hoc Julio Baraibar y el representante de Uruguay en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), Héctor Lorenzo; del lado argentino concurrieron Soledad Ruiz Cerrutti, la presidenta de la delegación argentina en La Haya y Hernán Orduna. Varias fuentes consultadas indicaron que los negociadores se pararon firmes en sus respectivas posiciones y, en ocasiones, afloraron las pasiones que se arrastraron a lo largo del conflicto.

El viernes 23 los diarios argentinos y uruguayos informaron que las cancillerías de ambos países no habían confirmado aún si se realizaría la reunión entre Almagro y Timerman –anunciada  para ese día-, debido a que persistían las diferencias para un acuerdo de monitoreo en la planta de UPM.

En público los cancilleres prefirieron mantener prendida la llama de la esperanza, pero el martes ya era evidente que las posiciones se distanciaban. El canciller Almagro declaró que mantenía un compromiso "muy fuerte con la negociación" por el monitoreo conjunto del río Uruguay, pero advirtió que no había anuncios de nuevas reuniones.

Timerman, desde su página en Twitter -que utilizó para hacer anuncios aun en el marco de la negociación- escribió: "Coincido con mi colega Luis Almagro. Las negociaciones no están trabadas.
La solución pasa x dejar a la ciencia inspeccionar lo que necesite". A esas alturas, la modalidad del canciller argentino de comentar todo el proceso y anunciar posiciones en Twitter molestaban profundamente en Montevideo.

¿Cuándo y cómo? El miércoles 2 de junio Mujica y Fernández acordaron en la Estancia Presidencial de Anchorena un plazo de 60 días para negociar la salida al conflicto, con la siguiente fórmula: "Los Mandatarios, en cumplimiento de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia,
del 20 de abril de 2010, en el caso relativo a las Plantas de Celulosa sobre el Río Uruguay
(Argentina vs. Uruguay) y del Estatuto del Río Uruguay de 1975, acordaron llevar adelante, a través de la CARU: a) Un plan de vigilancia para la Planta de Botnia-UPM, conforme a lo establecido en la sentencia, b) Un plan de control y prevención de la contaminación del Río Uruguay en el tramo compartido entre la República Oriental del Uruguay y la República Argentina".

Días después renunció Jorge Taiana como canciller argentino, por el creciente desgaste de su relación con la presidenta, debido a la investigación del Parlamento por las actividades del gobierno argentino y el de Hugo Chávez, pero también porque la mandataria había retomado el camino del diálogo con Mujica para desarticular el piquete en Arroyo Verde y estaba decidida a acordar una solución para el monitoreo de la planta.

Timerman, un hombre del riñón kirchnerista que se desempeñaba como embajador en Washington, asumió enseguida y el primer destino que visitó fue Montevideo. En la Cancillería almorzó con Almagro, Mujica y el vicepresidente Danilo Astori. Fue una distinción infrecuente que el presidente se trasladara a un ministerio para homenajear a un secretario de Estado extranjero, pero de poco valió esa muestra de afecto. A los pocos días Timerman y su equipo retomaron la línea dura que mantuvo siempre el Palacio San Martín en el conflicto.

"La propuesta uruguaya debe consultarla con ellos. 'En nuestra propuesta (el monitoreo) lo hacemos extensivo a todos los establecimientos en ambas márgenes. La ciencia en cuidado del medioambiente no debe tener más límites", disparó el canciller argentino desde su página Twitter el sábado 24, aumentando la presión sobre el gobierno uruguayo.

El lunes 26, en declaraciones a la prensa, Almagro no quiso entrar en detalles sobre las diferencias, aunque indicó que ambas partes coinciden en el papel "que debe tener la ciencia en el monitoreo".
"No es el punto quién entra y quién no a la planta de UPM (ex Botnia)", precisó.

Es que en el último tramo de la negociación el punto de discordia fue cuándo y cómo le estaría permitido entrar en la planta al equipo de científicos.

Para el gobierno uruguayo el ingreso a la planta debería ser una posibilidad excepcional, condicionada a que los estudios en agua o aire arrojaran que UPM estaba produciendo niveles de contaminación más allá de lo permitido. La delegación argentina, en cambio, insistía con el argumento de "permitir el ingreso de la ciencia sin restricciones" para desarrollar un monitoreo continuo sobre UPM.

Equilibro. En ese contexto surgió la reunión entre Mujica y Fernández. "Los presidentes pusieron mucho sentido común para cerrar el acuerdo. Creemos que finalmente se resuelve bien la situación", indicó una fuente oficial.

El acuerdo consta de tres partes: a) la creación de un Comité Científico en el seno de la CARU,
integrado por dos expertos de cada país, con la función de "monitorear el río Uruguay y todos los establecimientos industriales, agrícolas y centros urbanos que vuelcan sus efluentes al río Uruguay y sus áreas de influencia; b) la participación de la Dinama y su par argentina en todos los monitoreos que realice este equipo científico y su remisión de las muestras paralelamente a la CARU y al Comité Científico; y c) el número máximo de ingresos de control del comité científico en cada establecimiento a monitorear será de hasta doce veces por año". Finalmente el acuerdo establece que "el monitoreo del Comité Científico de la CARU comenzará con la planta de Botnia- UPM y la desembocadura del río Gualeguaychú, en el río Uruguay, seguirá en Argentina con un establecimiento o lugar a elección de la parte uruguaya. A partir de entonces continuará alternativamente en uno u otro país".

Los técnicos de la Cancillería uruguaya sostienen que el procedimiento no innova y citaron como ejemplo el caso de los frigoríficos que periódicamente reciben inspecciones de técnicos extranjeros para exportar a esos destinos. También indicaron que en el año 2001 técnicos argentinos y uruguayos, en el marco de la CARU, inspeccionaron una veintena de establecimientos ribereños de ambos países; entonces nadie hizo cuestionamientos relativos a la cesión de soberanía, indicaron."Si este acuerdo se hubiera firmado en otro contexto, seguro iba en la página 10 de los diarios", ironizó una fuente gubernamental interrogada.

Por último citaron el artículo 44 del Estatuto del río Uruguay que habilita a que "cada Parte autorizará a la otra a efectuar estudios e investigaciones de carácter científico en su respectiva jurisdicción, siempre que le haya dado aviso previo a través de la Comisión con la adecuada antelación e indicando las características de los estudios e investigaciones a realizarse y las áreas y plazos en que se efectuarán"; y el artículo 45 que obliga a las partes a promover "la realización de estudios conjuntos de carácter científico de interés común".

El acuerdo firmado ayer pone fin a más de cinco años de controversias. En mayo de 2005 el entonces presidente argentino Néstor Kirchner le planteó por primera vez al mandatario uruguayo Tabaré Vázquez que existían reclamos de los vecinos de Gualeguaychú por la instalación de Botnia en Fray Bentos y le puso al tanto de la negociación desarrollada hasta ese momento con el canciller saliente Didier Opertti. Desde allí el tema derivó hacia el peor conflicto entre ambos países desde la década de 1950.

El 3 de enero de 2006 los ambientalistas de Gualeguaychú bloquearon por primera vez el acceso al puente internacional General San Martín, comenzando una escalada que recién finalizaría el 16 de junio de este año, luego de que el gobierno argentino los amenazara con demandarlos penalmente.

El 20 de abril la Corte Internacional de La Haya pronunció su fallo en la demanda presentada por Argentina contra Uruguay por la violación del Estatuto del río Uruguay. La sentencia fue el principio del fin del conflicto, puesto que dio la razón a Argentina en cuanto a la violación formal del tratado, pero desestimó la pretensión de relocalizar la planta, debido a que no se había logrado probar un peligro actual de contaminación por parte de la pastera finlandesa.

Al cierre de esta edición Almagro se reunió con representantes de la oposición en el Palacio Santos para ponerlos al tanto de los detalles del acuerdo. Fuentes que asistieron a la reunión indicaron que Pedro Bordaberry (Partido Colorado), Luis Alberto Lacalle (Partido Nacional) y Pablo Mieres (Partido Independiente) dieron el visto bueno al resultado de la negociación. "Nueve en diez", comentó Lacalle luego de escuchar al canciller.

Semanario BUSQUEDA  -  Montevideo  - URUGUAY - 29 julio 2010
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