El nuevo canciller del país, Luis Almagro, dijo a la prensa argentina que los asambleístas "no pueden pedirle a Mujica que relocalice la planta de Botnia, además de considerar que el Poder Judicial argentino "en algún momento tendría que dictar un auto para levantar el bloqueo de los puentes".
En una entrevista con Página 12, el nuevo ministro de Relaciones Exteriores del gobierno, Luis Almagro, habló sobre el conflicto originado por la instalación de la planta de Botnia, hoy UPM.
 "Hay aspectos que conciernen a la relación institucional a nivel del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Relaciones Exteriores. Hay otro elemento que comprende al Poder Judicial argentino, el cual en algún momento tendría que dictar un auto para levantar el bloqueo de los puentes. Un tercer aspecto es la sociedad civil de Gualeguaychú, que tiene su interés en este tema", dijo Almagro.

 "Solucionar todo esto en una sola negociación es bastante complejo, máxime cuando hay algo más, que es un litigio pendiente en la Corte Internacional de La Haya", agregó.  "Creo que debemos esperar el fallo de La Haya, ver cuáles son los elementos jurídicos que recoge, y luego los dos países tenemos que ver cómo administramos ese fallo para hacerlo efectivo en el sentido práctico", dijo Almagro al periódico argentino.

 Afirmó que "el gobierno argentino puede contar con nuestra mejor disposición para arrimar las soluciones más viables, prácticas y que hagan un poco a los intereses planteados por ellos, y por otro lado, también queremos un diálogo con la sociedad civil argentina a los efectos de hacerle saber cuál es nuestra posición".
 El canciller fue claro al explicar que "los asambleístas son conscientes de que no se le puede pedir a un presidente que asumió ayer que relocalice una planta cuya inversión fue decidida hace más de cinco años".  Propuso, a modo de solución, "corroborar los aspectos eventuales de contaminación de la planta con un chequeo, con controles muy cercanos, y también un control medioambiental del río Uruguay".

Portal TIEMPO - URUGUAY - 4 marzo 2010