Cientos de comunidades mapuches se atreven a recuperar sus tierras usurpadas por las empresas forestales. El gobierno de Bachelet les aplica la ley antiterrorista heredada de la dictadura.
"PARA QUE NO haya otra generación de chilenos marcada por la violencia tenemos que saber qué ha pasado", dijo Gary Stahl el 26 de octubre. Stahl no es activista de derechos humanos ni se refería a las violaciones cometidas por la dictadura.

Es el representante de UNICEF en Chile y aludía a las graves violaciones sufridas por niños mapuches: el 5 de ese mes un adolescente de 14 años de la comunidad Rofué fue baleado y detenido, subido a un helicóptero, golpeado, amarrado y amenazado por los carabineros con lanzarlo a tierra si no daba los nombres de las personas que a esa hora participaban de la toma del fundo Santa Lucía.
Organismos de derechos humanos constataron decenas de casos, en los dos últimos años, en los que menores son baleados con perdigones y golpeados por Carabineros, la policía militarizada chilena. "No hemos visto ninguna investigación imparcial", agregó Stahl luego de exigir al gobierno de Michelle Bachelet, en nombre de UNICEF, que tome medidas para asegurar la protección de los niños mapuches. La indignación desbordó las barreras étnicas esta semana, cuando el Ministerio del Interior acusó a los padres mapuches de usar a sus hijos como escudos en las tomas de tierras.

TIERRA 0 MUERTE. El historiador Gabriel Salazar sostiene que "el mundo indígena rural esparte constituyente de la pobreza estructural de Chile". En 1960 cada familia mapuche tenía un promedio de 9,2 hectáreas aunque el Estado sostenía que necesitaban 50 para vivir dignamente. Entre 1979 y 1986 a cada familia le correspondían 5,3 hectáreas, superficie que en la actualidad se reduce a tres. Bajo la dictadura los mapuches perdieron 200 mil de las 300 mil hectáreas que aún conservaban. El avance de las compañías forestales y las hidroeléctricas sobre sus tierras provocó un aumento exponencial de la pobreza y la emigración.

La tierra está en la base del conflicto mapuche y explica las razones de la militarización de las comunidades más activas. En julio un centenar de delegados de comunidades entregaron una carta a la presidenta Bachelet que se interpretó como el inicio de un vasto proceso de recuperación de tierras. En agosto fue muerto el dirigente mapuche Jaime Facundo Mendoza mientras el Grupo de Operaciones Especiales desocupaba un predio que habían tomado decenas de familias en la zona de Ercilla. El funeral duró cuatro días y a él acudieron miles de comuneros de toda la Araucania, en especial comunidades de la recién creada Alianza Territorial Mapuche, que agrupa entre 60 y 120 comunidades.

Pero acudieron también grupos que no comparten las actuales tomas de tierras, como el Consejo de Todas las Tierras, que ganó protagonismo en la década de 1990, y la más radical Coordinadora Arauco Malleco, creada en 1998, que recientemente declaró la guerra al Estado de Chile. Pero, sobre todo, estuvieron decenas de asociaciones culturales, autoridades tradicionales, hogares de universitarios y el Partido Nacionalista Mapuche Wallmapuwen, cercano a los nacionalistas irlandeses y vascos pero opuesto a la lucha armada.

El 12 de octubre se manifestaron unas diez mil personas convocadas por Meli Wixan Mapu, organización mapuche urbana. Fue la mayor manifestación de los últimos años en el país. Signo de los tiempos y del prestigio de la lucha mapuche, ahí estaba la Garra Blanca, la hinchada del Coló Coló, haciendo flamear sus banderas en la Alameda, junto a banderas mapuches y pancartas alusivas al conflicto y denunciando los festejos oficiales del bicentenario.

Esta es una de las características más destacadas del tramo actual del conflicto mapuche: la creciente participación de winkas (blancos), en solidaridad ante la represión estatal que utiliza métodos y leyes del pinochetismo, como la ley antiterrorista. En Chile se debate si corresponde aplicar esa legislación a acciones que violentan bienes (camiones, predios forestados, etcétera) pero no atentan contra personas..

Casi medio centenar de presos mapuches pueblan las cárceles porque el Estado responde a las ocupaciones de tierras y otras acciones con represalias masivas contra comunidades enteras. Varios niños fueron golpeados junto a sus madres el día 16. Los carabineros llegaron hasta la escuela de Temucuicui y comenzaron a disparar balines, dejando 12 heridos y 30 asfixiados, la mayoría niños. Esa acción le valió al gobierno una reprimenda de la Federación Internacional de Derechos Humanos, que se suma a las recomendaciones del Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas, emitida en mayo, para que las fuerzas de seguridad cesen el maltrato al pueblo mapuche.

NUEVA GENERACIÓN. Un ciclo de luchas mapuche parece estar ascendiendo en 2009. Por un lado, el gobierno acaba de aprobar el decreto 169 de la OIT, que reconoce los derechos, colectivos. Por otro, está a estudio del parlamento un proyecto de reforma constitucional que, con la excusa de reconocer los aportes de los pueblos originarios en la creación de la nación chilena, niega que pueblos sean sujetos de derechos colectivos.

Con los años ha comenzado a terciar una nueva generación que, como señala el diario La Segunda, "se arma de títulos universitarios para defenderla causa indígena". Sólo en la sureña Temuco hay cuatro hogares autogestionados con 220 estudiantes. Suelen cursar preferentemente antropología, derecho y periodismo, durante sus carreras redescubren la historia mapuche: entre otras cosas que la llamada "pacificación de la Araucania", llevada adelante a fines del siglo XIX, fue una guerra de exterminio contra su pueblo.

De la mano de esta generación aparecen nuevos temas y conceptos: la lucha por recuperar la tierra es para reconstruir el territorio mapuche, o sea la "nación"; defienden su autonomía, tanto respecto de los partidos como, a escala general, del Estado chileno; apuestan a reconstruirse como pueblo usando herramientas como el derecho ancestral. Son mapuches urbanos, y aunque el movimiento sigue teniendo un fuerte componente rural, las organizaciones citadinas crecen y se vinculan con los demás movimientos sociales.

Han construido una red de medios digitales, radiofónicos y de prensa, algunos de mapuches en el exterior, y tejido alianzas con organizaciones de la sociedad civil. Sus demandas son cada vez más políticas: "Restituir la territorialidad y autonomía de los pueblos indígenas de Chile; desmilitarización del territorio; retiro de las tras-nacionales; respeto de los derechos humanos del pueblo mapuche".

Juan Catrillanca, de la comunidad de Temucuicui, en Ercilla, y dirigente de la Alianza Territorial, aseguró que su organización seguirá ocupando predios privados para que el gobierno les siga traspasando tierras. El dirigente dice que la Alianza invoca el Tratado de Tapihue, firmado entre el Estado chileno y el pueblo mapuche en 1825, para respetar la frontera existente en ese momento y permitir el tránsito y el comercio entre los habitantes de Chile y Wallmapu (País Mapuche).

Sostienen que ese tratado fue violado en 1881 cuando el Estado chileno invadió la Araucania. "Queremos recuperar 6 millones de hectáreas. Mientras, seguiremos con las tomas y sólo nos defenderemos con nuestros niños (bastón de madera) y boleadores ", dijo Catrillanca en agosto, durante la presentación de la Alianza. Las forestales, avisadas desde hace un tiempo del recrudecimiento del conflicto, siguen buscando tierras en otros confines.

Semanario BRECHA - Montevideo - URUGUAY - 6 noviembre 2009
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